El desabastecimiento de gas natural en Colombia ha encendido las alarmas en sectores clave de la economía y la sociedad. Este recurso, esencial para la industria, el comercio y los hogares, enfrenta un panorama incierto debido a la disminución de las reservas y las tensiones en su comercialización. Mientras algunos atribuyen el problema a la reducción en la exploración de nuevos yacimientos, otros argumentan que el déficit se debe a prácticas especulativas de productores y comercializadores. El acceso a fuentes de energía constituye un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a través de políticas públicas eficientes y regulaciones claras. La Constitución Política de Colombia establece que los recursos naturales son propiedad de la nación y que su explotación debe responder al interés general. Sin embargo, el escenario actual evidencia la necesidad de revisar el marco normativo y la aplicación de medidas regulatorias que eviten tanto la escasez como las distorsiones del mercado. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 2023 las reservas de gas natural solo alcanzaban para 6,1 años de consumo, una reducción significativa respecto a los 7,2 años reportados en 2022. La perforación de pozos exploratorios ha disminuido drásticamente: entre 2010 y 2014 se perforaban 119 pozos anuales, mientras que entre 2015 y 2023 la cifra bajó a 39, y en 2024 solo se han perforado 14. Esto limita la incorporación de nuevas reservas y proyecta un déficit de hasta el 70% para 2030. Un informe de Forbes en 2025 advierte que frenar la exploración pone en riesgo la seguridad energética y dificulta la transición hacia energías renovables, toda vez que, el gas natural es llamado el combustible de la transición energética por sus bajas emisiones al momento de producción y utilización. Por otra parte, El Espectador destaca la importancia de adoptar medidas urgentes como la exploración de yacimientos costa afuera y la inversión en nuevas tecnologías para mitigar la crisis. Sin embargo, algunos expertos sostienen que el problema no radica únicamente en la falta de exploración, sino en las dinámicas del mercado. En un sector con pocos actores y regulaciones insuficientes, se abre la posibilidad de prácticas especulativas donde algunos productores podrían estar restringiendo la oferta para incrementar los precios. Recientemente, Rodolfo Anaya, presidente de Vanti, defendió a las empresas distribuidoras, argumentando que se tendrá un incremento de hasta 36% en sus facturas a partir de febrero y que estos costos del gas responden a factores externos como la reducción de la oferta interna y el encarecimiento de las importaciones. No obstante, estas declaraciones han generado debate sobre el papel de los agentes privados en la crisis actual. Conclusión. El déficit de gas en Colombia no puede abordarse desde una única perspectiva. La disminución en la exploración ha reducido la oferta disponible, pero también es innegable que existen factores de mercado que pueden estar agravando la crisis. Es fundamental que el gobierno actúe con firmeza para estimular la inversión en exploración sin comprometer la transición energética y, al mismo tiempo, fortalecer la regulación para evitar prácticas especulativas. La seguridad energética del país no debe quedar a merced de intereses particulares, sino ser el resultado de políticas claras y sostenibles que garanticen estabilidad y acceso equitativo a este recurso vital. Leer: https://www.elespectador.com/economia/deficit-de-gas-puede-llegar-a-70-en-2030-cuales-son-las-alternativas/ Elaborado por Sara Ibañez Abogada Junior